OPINIÓN. Miguel Ángel Llamas || 18/1/2017

El Luxemburgo Leaks ha puesto de relieve cómo los Gobiernos firman en secreto pactos fiscales (tax rulings) con empresas transnacionales a fin de que éstas paguen menos impuestos. El actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fue el responsable de los acuerdos luxemburgueses. Respaldado por la gran coalición europea, más recientemente Juncker pretende encabezar la lucha contra los tax rulings.

A raíz del escándalo, Bruselas anunció que tomaría cartas en el asunto y solicitó a España y otros Estados miembros que comunicaran sus pactos fiscales. Por otro lado, la nueva normativa exige desde enero de 2017 que los acuerdos fiscales dejen de ser secretos y los Gobiernos compartan información en la materia, pero con importantes limitaciones temporales y amplias excepciones.

A pesar del silencio político y mediático al respecto, España sí ha firmado pactos fiscales con empresas transnacionales cuyo contenido no es público. Son los llamados “acuerdos de valoración previa entre personas o entidades vinculadas”, relativos al Impuesto de Sociedades. Este dispositivo administrativo permite a las empresas transnacionales, entre otras cosas, acordar con Hacienda precios de transferencia en operaciones vinculadas para períodos de cuatro años. En la práctica, esto supone que las empresas transnacionales diseñan estrategias fiscales en función de su compleja estructura societaria y, de esta manera, logran pagar menos impuestos con el consentimiento del Estado y plena seguridad jurídica. Las memorias anuales de la Agencia Tributaria hacen referencia a estos acuerdos. Sabemos que los pactos fiscales existen, y deberíamos conocer su contenido o, cuando menos, los criterios generales acordados.

Pero los pactos fiscales con empresas transnacionales no sólo deben salir a la luz. En democracia resultan del todo inadmisibles. Los tax rulings permiten pactar a una serie de empresas cuántos impuestos pagan y gozar de una fiscalidad a la carta, mientras que los asalariados y las pymes asumen con generalidad sus obligaciones tributarias. Los pactos fiscales con las multinacionales son regresivos y socavan la democracia en tanto que reducen la recaudación pública, privilegian a quienes más beneficios tienen e impiden financiar el Estado del bienestar.