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Los líderes mundiales han manifestado su compromiso por un futuro más luminoso para 2030, en el que se superen las desigualdades, se eliminen todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y el trabajo de cuidado y doméstico no remunerado sea reconocido y valorado mediante la provisión de servicios públicos. Pero ¿quién pagará el costo de que esto se vuelva realidad?

En la actualidad, ONU Mujeres afirma que los Planes de Acción Nacional para la Igualdad de Género que han analizado tienen déficits de financiamiento de hasta el 90%.

La tributación es el pilar fundamental para la construcción de las sociedades. Es una de las herramientas más poderosas que tenemos para reducir la brecha de desigualdad entre ricos y pobres –tanto dentro de un país como entre países– y entre hombres y mujeres.

Los impuestos son la fuente más sustentable de ingresos que tienen los gobiernos para pagar la gran mayoría de los servicios públicos con que cuentan las sociedades, y hoy es necesario que los Estados aumenten progresivamente la recaudación y gasten más recursos en el trabajo y en los servicios que necesitan las mujeres.

La justicia fiscal, que incluye la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y el control presupuestario a nivel local, regional y nacional, es de crucial importancia, y es al mismo tiempo un elemento fundamental en varios de los protocolos y marcos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de 1979 y la Plataforma de Acción de Beijing (BPfA) de 1995.

Sin embargo, la evasión fiscal y los beneficios impositivos a las grandes empresas les cuestan a los países en vías de desarrollo más de 100.000 millones de dólares estadounidenses por año. Cuando se priva de fondos a los servicios públicos y los impuestos no se recaudan y gastan de manera justa, son las mujeres y las niñas las que pagan el precio más alto.

Existe #JusticiaTributaria cuando los impuestos son recaudados y gastados de manera justa.

Las mujeres necesitan #JusticiaTributaria ya porque…

 

  1. La #JusticiaTributaria ayuda a las niñas a obtener una mejor educación

La educación es un derecho fundamental de tod@s l@s niñ@s. No obstante, en el mundo hay hoy 124 millones de niñ@s sin escolaridad. Hay una brecha de género significativa, con una de cada ocho niñas (63,1 millones) contra uno de cada nueve niños (61 millones) fuera del sistema educativo. Muchos más abandonan la escuela sin saber leer o escribir.

La educación es una de las herramientas más poderosas con las que cuenta un Estado para reducir la desigualdad, porque eleva a los ciudadanos más pobres y nivela el campo de juego. Si todas las mujeres finalizaran su educación primaria, se estima que la mortalidad materna descendería en dos tercios y la mortalidad infantil se reduciría en un 15%.

Un sistema tributario y progresivo puede incrementar los ingresos en forma significativa. Por ejemplo, Ecuador triplicó su gasto en educación de 225 millones de dólares en 2003-2006 a 941 millones de dólares en 2007-2010 gracias a políticas de movilización impositiva eficaces.

La educación financiada e impartida por el Estado es la que tiene mayor potencial transformador, ya que niveles altos de participación privada en la educación pueden obstaculizar la movilidad social y debilitar el potencial de la educación para quebrar la desigualdad.

En términos globales, se calcula en 39.000 millones de dólares el déficit de financiación anual para cubrir la educación universal en los niveles pre-primario, primario y secundario en los países de ingresos bajos y medios/bajos.

 

  1. La #JusticiaTributaria ayuda a reducir la carga de trabajo de cuidado no remunerado de mujeres y niñas

El trabajo no remunerado de mujeres y niñas subsidia el crecimiento económico. Las mujeres emplean dos veces y media más tiempo en trabajos de cuidado y doméstico que los hombres, lo que ha sido valuado en 10 billones de dólares al año o alrededor de 13% del PIB global. Cuando los Estados no cuentan con suficientes ingresos para proveer servicios públicos esenciales, lo más probable es que sean las mujeres las que cubran los huecos con sus cuerpos y su tiempo, reduciendo el tiempo que tienen para su educación, empleo remunerado, descanso y esparcimiento.

Del mismo modo, en la medida en que cada vez más mujeres ingresan en el mundo laboral sin apoyo estatal para los trabajos de cuidado, el peso del cuidado no remunerado recae en otros miembros femeninos de la familia. Esto puede limitar la capacidad de las niñas de acceder a la educación y a otros derechos tales como el del tiempo libre. Esto se aplica en particular en el caso de mujeres que trabajan en empleos mal pagos durante largas jornadas.

El Estado no es el único responsable: los hombres también tienen una responsabilidad en el cuidado de l@s hij@s, el hogar y los familiares, en la misma medida que las mujeres. Pero los servicios públicos sostenidos por los impuestos, en especial la provisión de educación preescolar, son medidas eficaces para mejorar los derechos de las mujeres a un empleo decente, a la educación, a la participación política y al descanso.

A escala mundial, un@ de cada dos niñ@s esta inscript@ en escuelas maternales. Muchos Estados, entre ellos Brasil, Liberia, Nigeria, Senegal y Sudáfrica, han destinado fondos públicos para el cuidado de la niñez temprana, pero el déficit de financiamiento para cubrir las necesidades reales es muy grande.

 

  1. La #JusticiaTributaria ayuda a las mujeres a recibir servicios de salud de emergencia

El embarazo y el parto incrementan la necesidad de las mujeres de contar con servicios de salud de emergencia, y también la naturaleza endémica de la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. Todos los días mueren mujeres en todo el mundo a causa de complicaciones evitables durante el embarazo y el parto. En 2015, se estimó la tasa de mortalidad materna por cada 100.000 niñ@s nacid@s viv@s en 2016 a escala mundial. 19 de cada 1.000 recién nacid@s no sobreviven al primer mes de vida. Los países africanos, cuya recaudación impositiva es extremadamente baja, registran los más altos niveles de mortalidad infantil. Casi toda la mortalidad materna se da en ámbitos carentes de los recursos necesarios y puede ser prevenida.

Muchas formas de violencia contra las mujeres y las niñas requieren de una respuesta de cuidado sanitario, entre ellas los ataques con ácido, los ataques sexuales, la mutilación genital femenina, la violencia conyugal, etc.

Enfermer@s y médic@s necesitan más recursos y enfrentan la mayor insuficiencia de fondos en las áreas rurales pobres y los asentamientos informales. El derecho de las mujeres y las niñas a la salud es un derecho humano y se requiere en forma urgente más inversión pública financiada por impuestos.

Los líderes de la Unión Africana se han comprometido a dedicar al menos 15% de sus presupuestos anuales a la salud. Si esto se hiciera realidad, sumarían unos 29.000 millones de dólares adicionales por año a la atención médica de emergencia.

 

  1. La #JusticiaTributaria ayuda a reducir la violencia contra las mujeres y las niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas afecta a una de cada tres mujeres en el transcurso de sus vidas. Casi la mitad del total de las mujeres que son asesinadas en el mundo muere en manos de sus parejas o de miembros de su familia.

Las mujeres que viven en la pobreza en los países en desarrollo son las que mayores probabilidades tienen de estar expuestas a violencia sexual en la calle. En particular, el transporte público es un gran desafío. En Bangladesh, 84% de las mujeres consultadas dijo haber sido objeto de insultos o comentarios de naturaleza sexual y más de la mitad dice haber sufrido avances sexuales mientras viajaba. En ciudades de Brasil, dos tercios de las mujeres dicen tener miedo de viajar solas. Según reportes, en San Pablo, Brasil, una mujer es atacada sexualmente en espacios públicos cada 15 segundos, un hecho que se ve agravado en el caso de aquellas mujeres que también sufren otras formas interseccionales de desigualdad.

Los servicios públicos financiados por impuestos que tienen como objetivo los derechos de las mujeres pueden mejorar la seguridad de estas en lugares públicos ofreciéndoles, por ejemplo, mejor vigilancia policial, baños públicos seguros, alumbrado público y sistemas de boletos desarrollados teniendo en mente las necesidades de las mujeres.

Poner fin a esta violencia es una tarea gigantesca, ya que las normas sociales y de género no desaparecen así como así cuando alguien asume una función en el gobierno. Las normas patriarcales pueden debilitar, subvertir e ignorar las políticas y la práctica de los derechos de las mujeres y dejar así en crónico déficit de financiamiento, o directamente sin financiamiento, a servicios que responden frente a la violencia contra las mujeres y las niñas y buscan prevenirla y mitigarla.

Los Estados deben invertir en servicios públicos financiados mediante impuestos para cumplir los compromisos asumidos en los niveles nacional e internacional para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Las inversiones en trabajos preventivos que estén bien integrados y articulados en el momento preciso pueden ofrecer enormes beneficios a las mujeres y sus comunidades.

Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres sufren crónicamente el déficit de financiación y, por lo tanto, se necesita un incremento significativo de la inversión en ellas.

 

  1. Cuando las empresas multinacionales y los muy ricos no pagan su parte de los impuestos, las más perjudicadas son las mujeres

La pobreza es sexista, y también lo es la distribución de la riqueza extrema. A escala global, nueve de cada diez multimillonarios en dólares son hombres. La transferencia y la redistribución de la riqueza a través de los impuestos tienen el potencial de acabar con la discriminación sistemática basada en el género, la raza, la edad, la orientación sexual y el estatus socioeconómico.

Cuando los países no recaudan impuestos progresivos a las rentas personales ni gravan los ingresos por inversiones, cuando otorgan beneficios impositivos a grandes empresas o hacen la vista gorda en casos de elusión y evasión fiscal, quienes hacen la mayoría de los «ahorros» son hombres.

Los países de bajos ingresos recaudan aproximadamente dos tercios de sus ingresos impositivos mediante impuestos indirectos, como los impuestos al consumo o al comercio. En los países de altos ingresos, estos impuestos juegan un papel mucho menor y en promedio representan solo un tercio de la recaudación impositiva total.

Los impuestos indirectos no tienen el mismo poder redistributivo que los impuestos a los ingresos y amenazan con afectar más gravemente a las mujeres que viven en la pobreza si los artículos como alimentos, vestimenta infantil y jabón no están exentos de impuestos. En un marcado contraste, menos del 5% de la población en los países en desarrollo paga impuestos sobre los ingresos personales. Esta forma de recaudación perjudica a las mujeres más pobres, ya que se pierden oportunidades de reducir la desigualdad económica entre hombres ricos y mujeres que viven en la pobreza.

Cada año, los gobiernos de los países en desarrollo gastan alrededor de 138.000 millones de dólares adicionales en beneficios impositivos a empresas. Además, las pérdidas de estos países en concepto de evasión impositiva se calculan en cientos de miles de millones de dólares al año.

Las guaridas fiscales, que juegan un papel fundamental en este drenaje de recursos públicos, también facilitan los flujos financieros ilícitos resultantes de la trata de mujeres. Mientras nuestro sistema financiero continúa brindando oportunidades para ocultar y lavar el dinero que proviene del crimen, y mientras las elites dominadas por hombres continúan eludiendo el pago de su parte de la recaudación impositiva, son las mujeres y las niñas las que pagan un precio más alto con sus cuerpos y su tiempo cuando los servicios públicos se ven privados de financiación.

 

  1. La #JusticiaTributaria ayuda al acceso a agua potable que mantiene a las mujeres más seguras y contribuye a su poder económico

El acceso al agua se reconoce como un derecho humano básico y, por ende, tod@s l@s ciudadan@s deben tener acceso a agua potable y segura en cantidades adecuadas. En consecuencia, se espera que las regiones que experimentan escasez extrema de agua inviertan en programas que mejoren el acceso a ella y que reduzcan la distancia promedio al punto de abastecimiento más cercano.

Donde no existen servicios públicos de agua potable, son las mujeres y las niñas las que a menudo cargan con la tarea de llevar el agua a sus casas al costo humano que sea, lo que las hace vulnerables a la violencia y las aleja de la educación y de otros trabajos. El acceso al agua pública es vital para la autonomía económica de las mujeres.

 

  1. La #JusticiaTributaria provee a las mujeres de protección social

Las mujeres enfrentan varios riesgos a causa de sus vulnerabilidades. Los programas de protección social son en consecuencia eficaces para contribuir a la protección y a la defensa de los derechos de las mujeres, incluidos los relativos a la salud sexual y reproductiva.

Sin embargo, la cobertura social es en general limitada y es necesario trabajar más para incrementarla a efectos de cubrir las necesidades reales. Los programas de protección social se han visto afectados en el pasado por la falta de coordinación, ya que los diferentes organismos y socios para el desarrollo implementan diferentes programas.

La reducción de la vulnerabilidad y la pobreza es un elemento crucial en muchos programas de protección social, ya que ninguna sociedad puede lograr cohesión social si sectores significativos de la población viven en la pobreza extrema. En consecuencia, es necesario que los países provean más programas de protección social en forma de redes de asistencia para las mujeres más vulnerables y marginadas de la comunidad.

 

Ilustraciones: Favianna Rodríguez

Traducción: María Alejandra Cucchi