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Tom Kucharz

Según el periódico Público, el tratado comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá llegará pronto a las Cortes Generales. El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) fue negociado por la tecnocracia de la Comisión Europea y el Gobierno conservador canadiense entre 2009 y 2014. Se firmó el pasado 30 de octubre por Donald Tusk (presidente del Consejo de la UE), Jean-Claude Juncker (presidente de la Comisión Europea) y Justin Trudeau (primer ministro canadiense) y fue ratificado por la mayoría neoliberal del Parlamento Europeo el 15 de febrero. El controvertido tratado estaba a punto de caer gracias a las muchas movilizaciones y protestas durante los últimos años y el veto de varios gobiernos y parlamentos regionales de Bélgica.

Es posible que en abril el Ministerio de Asuntos Exteriores lleve el tratado al Consejo de Ministros con el fin de remitirlo al Parlamento español para el trámite de la ratificación parlamentaria. Eso puede significar que, en aproximadamente dos o tres meses, el Congreso de los Diputados empiece a debatir el Proyecto de Ley. Es decir, primero en la Comisión de Exteriores y luego en pleno.

Sospechábamos que el Partido Popular apostaría por un trámite exprés. No quería ser menos que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) cuando anunció en 2005: “Hemos tenido el honor de ser los primeros en ratificar la Constitución europea”. Pero el Parlamento de Latvia fue mas rápido que el PP y ratificó el CETA el pasado 23 de febrero. Fue el primero de los 28 países de la UE.

España: ¿de país PIGS intervenido a núcleo duro de la UE?

Ahora que el presidente francés Hollande y la canciller alemana Merkel han invitado al Gobierno de España a formar parte del núcleo duro de la Europa del capital a varias velocidades, quiere presentarse como buen alumno y hacer sus deberes, como demostró en el pasado con la imposición de las políticas neoliberales de la UE, los recortes sociales, los despidos pasivos de profesores y personal sanitario, las privatizaciones o el cambio del artículo 135 de la Constitución para pagar las deudas ilegítimas antes de garantizar una vida digna y los derechos humanos de las mayorías sociales. Así, con suerte, tampoco le aplican multas por el incumplimiento del déficit.

Forma parte de la normalidad antidemocrática que el PP intente ratificar el CETA a toda prisa, sin el debido proceso de análisis ni de consultas con la sociedad, sin tiempo para un estudio riguroso. El objetivo es estar entre los primeros países de la UE en ratificar el CETA. Lo demostró durante los años de negociación de este tratado en las reuniones secretas del Comité de Política Comercial del Consejo de la UE, en 2016, cuando maniobró en el seno del Consejo para su rápida aprobación y aplicación provisional, y finalmente en octubre cuando el Gobierno en funciones autorizó la firma del CETA sin debate parlamentario, sin legitimidad y sin poner condiciones para proteger los servicios públicos o los sectores estratégicos.

¿Por qué tanta prisa?

El carácter autoritario y neoliberal del Gobierno del Partido Popular no es algo nuevo, lo conocemos de sobra de la era Aznar. El Gobierno de Rajoy ha tomado muchas decisiones en el ámbito comunitario que han impactado gravemente en las mayorías sociales e hipotecado su futuro.

El PP sabe que cuanto más tiempo pase más se sabrá sobre las graves amenazas del CETA, lo que aumentaría la presión social en contra del tratado. Además, pretende evitar que la ratificación en España coincida con la movilización contra el CETA en otros países europeos, donde es probable que se pare, como en Austria, Holanda o Francia.

Al PSOE le interesa que el trámite pase rápido y sin ruido. Así no tendrán que dar muchas explicaciones de por qué tienen la misma postura neoliberal que el PP y ni siquiera escuchan a organizaciones como la UGT, opuesto al CETA y tradicionalmente cercana al partido socialdemócrata.

¿Puede el parlamento cambiar el texto del tratado?

No. La tramitación y ratificación de tratados de comercio e inversión como el de la UE con Canadá quiebra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho, las garantías procesales de la ciudadanía como transparencia, separación de poderes y soberanía parlamentaria. Porque ni el Parlamento Europeo ni los parlamentos nacionales tienen la posibilidad de intervenir en el proceso de negociación, ni enmendar los tratados, solo pueden votar o no una vez finalizadas las negociaciones.

La ratificación en el Estado español

Las Cortes Generales (el Congreso de los Diputados y el Senado) tramitarán la “autorización” del tratado con Canadá probablemente según el Artículo 94.1 de la Constitución española (como proyecto de ley). Queda por ver cómo clasificará el Gobierno español el acuerdo comercial. Para los acuerdos comerciales y de inversión se podrían considerar los supuestos (a) Tratados de carácter político o (e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

El proyecto de ley será discutido y votado primero por el Congreso de los Diputados con la participación previa de las Comisión de Exteriores y luego remitido al Senado.

Si el PP, el PSOE y Ciudadanos repiten su voto cuando rechazaron la Proposición No de Ley de Unidos Podemos y ECR sobre el CETA, entonces se aprobaría la ley que autorizaría la ratificación del TTIP canadiense sin sobresaltos.

Pero la campaña “No al TTIP/CETA”, formada por más de 350 organizaciones, recordará al parlamento si no dedica el suficiente tiempo para examinar el tratado de 1600 páginas antes de tomar la decisión final, no cumpliría adecuadamente con su función legislativo y de control parlamentario. Sin estudio de impacto previo para conocer los impactos para el Estado español y sin consultas con la sociedad, es imposible cumplir con su compromiso de transparencia y democracia.

¿Sería posible un referéndum sobre el CETA?

El artículo 92 de la Constitución Española recoge que el referéndum consultivo (no vinculante) puede plantearse sobre las decisiones políticas de especial trascendencia, como el que se celebró sobre la Constitución europea en 2005. El tratado CETA sería un caso de especial trascendencia por cambiar el ordenamiento político y jurídico y los procesos legislativos. El referéndum consultivo requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno. Dicha solicitud deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta.

Pero es poco probable que el Gobierno impulse dicho referéndum. En noviembre el PP, el PSOE y Ciudadanos rechazaron la iniciativa de Unidos Podemos, pactada con Esquerra Republicana (ERC), que pedía someter a referéndum la aprobación del Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá.

¿Qué debería hacer el parlamento?

El Congreso de los Diputados y el Senado deberían dedicar el suficiente tiempo para asegurar que las preocupaciones sobre el CETA sean consideradas bajo la lupa del interés general. Hay graves controversias, por ejemplo, relacionadas con la gestión de los servicios públicos, la posibilidad de inversores a desafiar leyes con los tribunales de arbitraje, el encarecimiento de medicinas con las reglas de propiedad intelectual, la precarización laboral mediante el movimiento temporal de trabajadoras/es, la prohibición de regular servicios financieros que pueden causar nuevas quiebras bancarias y financieras, los impactos para la contratación pública de los municipios o los capítulos de regulación nacional que rebajan estándares ambientales o ponen en peligro la salud.

Sería apremiante que los grupos parlamentarios propongan la creación de una comisión de estudio del CETA y se solicite un estudios de impacto independiente.

Son asuntos de gran peso que merecen ser estudiados y debatidos con el máximo rigor. Asimismo, todas las partes interesadas deben tener la posibilidad de presentar sus análisis ante las y los representantes parlamentarios. Y que la ciudadanía tenga la oportunidad de ser escuchada.

¿Hay ejemplos de buenas prácticas?

Durante 18 meses, el parlamento valón ha estado analizando el contenido del tratado, han invitado a asociaciones empresariales, campesinas, ecologistas, de consumidores o al gobierno canadiense, entre muchas otras. El trabajo democrático realizado ha sido impresionante. Pese al “chantaje” de las instituciones de la UE y algunos gobiernos, el parlamento de Valonia y otros tres parlamentos regionales de Bélgica se han mantenido firmes. Hasta cinco veces se ha ratificado en su no el parlamento valón al considerar que los derechos con que contarán los inversores con el CETA constituyen “un atentado contra los derechos laborales, sociales y ambientales”.

Valonia ha sido históricamente un lugar con fuertes organizaciones sindicales y asociaciones de apoyo social extremadamente activas, dinámicas, vigilantes y movilizadas en todos los sectores. Estas organizaciones han estudiado este texto con mucho rigor: han consultado a los mejores expertos y han tenido en cuenta muchas opiniones, y de hecho han nutrido el trabajo del parlamento y del gobierno regional.

“No podemos ignorar tal vitalidad democrática dentro de nuestra propia población. No podemos aislarnos de nuestra propia población, cuando la democracia ya está en profunda crisis”, justificaba el primer ministro de Valonia, Paul Magnette, en un discurso histórico en noviembre de 2016.

“Cuanto más discutamos, más analizamos, más efectivamente los parlamentos pueden hacerse preguntas. Es esta seriedad, este rigor en el análisis lo que da credibilidad a nuestro enfoque”, defendió. “¿De qué sirve un parlamento si tiene que firmar y ratificar sin pensar?”, se preguntó el mandatario. “La manera en que llevamos a cabo las negociaciones comerciales debe cambiar. Olvidarse del futuro es, para mí, una gran irresponsabilidad política”, dijo.

¿Se tienen en cuenta los parlamentos autonómicos o gobiernos municipales?

No. Aunque recordemos que hay varios parlamentos autonómicos que se han opuesto a este acuerdo con Canadá tras debatirlo y votarlo en sus respectivas cámaras representativas: Extremadura, Baleares, Catalunya y Valencia. Además, hay más de 120 gobiernos municipales que han rechazado el CETA, igual que el TTIP.

¿Hay evidencias sobre las “enormes oportunidades” que promete el Gobierno español?

La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, ha celebrado recientemente la ratificación del CETA por parte del Parlamento europeo ya que Canadá brinda “enormes oportunidades” a las empresas españolas.

El CETA no cuenta con ningún estudio de impacto que asegure un beneficio para la economía, sociedad o medio ambiente. El Gobierno español habla de “enormes oportunidades” sin que exista evidencia alguna sobre los supuestos beneficios económicos que traería el CETA. El estudio encargado por la Comisión en 2011 no es válido porque no se ha realizado en base de los resultados de las negociaciones.

En la segunda edición del Manual para la evaluación del impacto de la sostenibilidad del comercio, la Dirección General Comercio de la Comisión Europea señala que, una vez concluidas las negociaciones y antes de la firma de un acuerdo comercial, la Comisión preparará un análisis del impacto económico con el resultado final negociado del acuerdo y lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. Se publicó un análisis económico de este tipo para el acuerdo con Singapur y se prevé otro para el acuerdo con Vietnam.

Sin embargo, en lo que respecta al CETA no se ha realizado dicho informe ni antes de la firma por el Consejo ni antes de la ratificación por el Parlamento Europeo. La hoja de ruta del tratado CETA prevé un análisis del impacto económico después de las negociaciones, pero no ofrece un plazo específico.

Todo ello demuestra la falta de rigor del Gobierno español. Sus anuncios publicitarios respecto al CETA que no se sostienen en la práctica. No se basan en estudios independientes o en estudios de impacto propios para España, aunque ha tenido tiempo suficiente para encargarlos porque el grueso del texto (sobre todo lo referido a los aranceles y los cambios en las barreras no arancelarias) ya estaban fijados desde septiembre de 2014.

¿Es el CETA bueno para pymes?

No. Resulta especialmente irritante la desinformación y propaganda malintencionada respecto a los supuestos beneficios del CETA para pequeñas y medianas empresas (pymes).

Según expertos en la materia de Bruselas solo 6.500 -de un total de 20 millones de pymes de la UE- tienen negocios en Canadá o que ya tenían un plan de negocio para Norteamérica y podrían beneficiarse de las rebajas arancelarias o no arancelarias del CETA. No es el caso para la gran mayoría de pymes en España.

Encuestas realizadas a pymes en la UE han dado como resultado que los aspectos que más preocupan a la mayoría de ellas son cuatro:

a) La expectativa de que las empresas más grandes serán las mayores beneficiarias del CETA y del TTIP y que las empresas más pequeñas se verán en desventaja.

b) Que los reglamentos técnicos y las normas no deberían desregularse o bajarse de nivel.

c) La expectativa de que los efectos del arbitraje inversionista-Estado (ISDS / ICS) socavarán los derechos de las pequeñas y medianas empresas.

d) Que el ISDS / ICS favorecerá a las empresas extranjeras y limitará el derecho a regular de los gobiernos.

¿Qué impactos económicos puede tener el CETA?

Una aprobación del CETA en el Congreso de los Diputados abriría la puerta a más privatizaciones de servicios públicos. Además incluye cláusulas que impiden la remunicipalización de servicios públicos y limita la regulación sobre el sistema financiero. El CETA también contempla la creación de tribunales privados de arbitraje, algo que socava la democracia y crea un sistema de justicia paralelo.

El estudio “CETA Without Blinders: How Cutting ‘Trade Costs and More’ Will Cause Unemployment, Inequality and Welfare Losses” de la Universidad Tufts habla de la pérdida posible de 200.000 puestos de trabajo en la UE y del aumento de desigualdades y tensiones sociales.

– El CETA conducirá a la desviación del comercio dentro de la UE. Las balanzas comerciales y las cuentas corrientes en Alemania, Francia e Italia pueden mejorar, pero esto sucederá en detrimento de otros países de la UE como España.

– El CETA llevará a una reducción de la participación del ingreso laboral. Las presiones competitivas ejercidas por el CETA sobre las empresas y transferidas a los trabajadores aumentarán la parte del ingreso nacional que se devenga en el capital y reducirán simétricamente la proporción del ingreso nacional que se devenga en la mano de obra.

– El CETA conducirá a la compresión salarial. Para el año 2023, los trabajadores habrán perdido un promedio de ganancias anuales de 1776 euros en Canadá y entre 316 y 1331 euros en la UE dependiendo del país.

– El CETA dará lugar a pérdidas netas de ingresos del gobierno.

– El CETA dará lugar a pérdidas netas en términos de PIB.

¿Qué impactos puede tener la aplicación provisional?

La aplicación provisional significaría la entrada en vigor del 95% del tratado. Y eso incluso antes del trámite parlamentario. Concretamente partir del 1 de mayo o tal vez ya el 1 de abril.

El 28 de octubre de 2016, el Consejo de Ministros de la UE aprobó la Aplicación Provisional y fijó la fecha de notificación de esta decisión para el día 17 de febrero de 2017. El artículo 30.7.3 del CETA dice que la Aplicación Provisional puede comenzar el primer día del mes siguiente a la notificación de la Aplicación Provisional, es decir, el 1 de marzo. Sin tener que esperar la ratificación por los parlamentos nacionales. Otro varapalo a la soberanía parlamentaria.

¿Qué efectos puede tener la aplicación provisional?

Uno de los asuntos más controvertidos y que causará muchos vacíos legales, por antidemocrático, es lo siguiente: a partir del momento en que se inicie la Aplicación Provisional, se creará el denominado Comité Mixto CETA. Este órgano está formado por funcionarios canadienses y de la Comisión Europea y está presidido por el Ministro de Comercio de Canadá y la Comisaría de Comercio Europeo. El Comité Mixto puede modificar los anexos del CETA y adoptar interpretaciones del CETA. Puede tomar, por ejemplo, decisiones sobre los requisitos de seguridad alimentaria para las importaciones en la UE.

Este tipo de decisiones deberían ser examinadas democráticamente. De hecho aquellas/os eurodiputadas/os que han votado a favor del CETA sin arreglos para la supervisión parlamentaria no toman en serio su mandato parlamentario.

Este comité mixto tiene grandes poderes y tomará decisiones que cambian procesos legislativos y podrán impactar negativamente sobre las mayorías sociales, sin ningún control democrático.

Es por ello que el Tribunal Constitucional alemán en sus primeras observaciones sobre CETA en octubre propuso que cualquier decisión de este comité mixto debería pasar por decisión del Consejo de la UE y ser aprobado por unanimidad. Algo que por el momento no pasará porque el Tribunal no ha fallado aun sobre este tema ni el Consejo de la UE haya enmendado dicha parte del CETA.

Otro de los aspectos que se aplicaría dese el primer momento son la modificación de a los aranceles sobre las mercancías: El Anexo 2-A del CETA establece el calendario para la eliminación de los aranceles sobre las mercancías. La regla general es que todos los derechos de aduana se eliminan, salvo lo que recoge la disposición a lo contrario. Estas excepciones son un poco complejas, y se aplican principalmente a los productos agrícolas. En cualquier caso, todos los productos enumerados que están etiquetados E estarán exentos de cualquier reducción de tarifas (así que CETA no cambiará nada), las categorías B, C, D eliminan aranceles sobre diferentes períodos.

La eliminación o modificación de los aranceles agrícolas tendrá importantes impactos sobre el sector de la pequeña agricultura familiar, aunque para algunos productos más sensibles se aplicaría la eliminación de aranceles más tarde, pero habrá cuotas relevantes para permitir la importación de carne porcina y vacuna, entre otros.

¿Es el CETA un asunto menor?

Claramente no. Los recientes acontecimientos en los Estados Unidos y el Brexit en el Reino Unido han corroborado los riesgos de las políticas neoliberales como el CETA que aumenten el malestar de la población con la globalización. Por eso más que nunca se requiere un debate público y democrático.

Una pronta ratificación del CETA en el Congreso de Diputadas/os con los votos del PP, Ciudadanos y el PSOE confirmaría –una vez más– que los tres partidos trabajan para las élites económicas y financieras, los dueños del IBEX 35, secuestrando a la democracia y concentrando la riqueza. Todo ello aumentaría el paro, las desigualdades, las tensiones sociales y el miedo. Un caldo de cultivo perfecto para oportunistas, racistas y misóginos como Trump y Le Pen.

Es una falacia de que los acuerdos comerciales como el CETA sean la solución a los problemas económicos de nuestras sociedades. Por ello, proponemos un modelo alternativo al neoliberal que rechace los acuerdos de comercio e inversión que son uno de las causas de la crisis económica y cuyas consecuencias son desastrosas para las clases populares. Defendemos el control público sobre sectores estratégicos como la energía y las finanzas, las remunicipalizaciones de servicios privatizados, leyes que prohíban los desahucios, cláusulas sociales para las compras y contrataciones públicas, más dinero público en servicios sociales y la erradicación de las causas de la pobreza, la lucha para frenar el cambio climático, políticas de soberanía energética y alimentaria, un comercio justo basado en la desglobalización y el comercio local y de cercanía.

¿Qué vamos hacer?

Lo habíamos dicho antes de la votación vergonzosa en el Parlamento Europeo de febrero: pase lo que pase, nuestra lucha sigue y que la campaña No al TTIP, CETA, TiSA va a movilizarse para impedir la ratificación del CETA en el trámite parlamentario.

Para ello, hacemos un llamado a toda la sociedad a sumarse a la campaña de presión política a los grupos parlamentarios para dar a conocer los múltiples peligros que tendría el CETA. Queremos aunar esfuerzos de representantes de parlamentos autonómicos y ayuntamientos para que informen de las consecuencias del CETA en su ámbito y expliquen cómo restringiría el derecho a regular y limitaría la soberanía parlamentaria. El papel de las ciudades del cambio y los nuevos municipalismos será clave en esta campaña. El mundo rural y las mareas en defensa de los servicios públicos como uno de los grandes perjudicados de las políticas comerciales neoliberales de la UE, así como los movimientos sociales afectados por el sistema financieros globalizado, como la PAH y los afectados de los preferentes y cláusulas suelo, tendrán un papel relevante. Además de una campaña de información y difusión en medios, se convocarán diferentes movilizaciones unitarias.

Entre las muchas iniciativas, cabe también la posibilidad de pedir desde el ámbito parlamentario un debate sobre la interrupción de la tramitación parlamentaria para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del CETA. Iniciativas similares se han tomado en Alemania y en Francia.

En Francia, 106 legisladores presentaron una apelación ante el Consejo Constitucional argumentando que tratado comercial era “incompatible” con la Constitución gala por los mecanismo de arbitraje entre inversores y estados y por transferir soberanía por parte de los países firmantes del CETA “más allá de lo acordado en la UE“.

La Comisión Europea insiste que el tribunal de arbitraje -o Sistema de Tribunal de Inversión del CETA no interpretará la ley de la UE. Sin embargo, el propio tratado plantea lo contrario. El artículo 8.31 (2) del CETA dice: “(…) Para mayor seguridad, al determinar la compatibilidad de una medida con el presente Acuerdo, el tribunal podrá tener en cuenta, en su caso, el Derecho interno de una Parte como un elemento de hecho (…)”. Uno de los muchos ataques del CETA a la democracia creando una justicia paralela y privatizada.

Así que manos a la obra. Generemos la suficiente presión política para que se hable de los inminentes peligros del CETA. Es importante que mostremos el rechazo de la sociedad a las políticas injustas y anti-democráticas.

E incluso si no lo paramos en España, seguiremos luchando, codo a codo, con los movimientos sociales en otros países donde hay muchas posibilidades de parar el CETA, como en Austria, Holanda, Alemania o Francia.

Nos comprometemos a seguir aunando esfuerzos con el movimiento europeo y global para tumbar el CETA y para luchar contra el TTIP (¡que, por cierto, no está muerto aún!), el TiSA (la otra gran amenaza para los servicios públicos) y otros tratados como UE-Mercosur, UE-México, etc. en un marco más general construir alternativas a las políticas neoliberales de la Unión Europea.